¡Admitieron mi tutela! en el caso de la juez de Uribe

Defenderé el derecho a la denuncia pública en redes sociales con firmeza y convicción.

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¡ATENCION! El Juzgado 38 laboral del Circuito de Bogotá acaba de admitir una acción de tutela que interpuse contra la fiscal que lleva mi caso relacionado con la jueza Carmen Elena Ortiz Rassa que adelanta la audiencia de preclusión del expresidente y expresidiario colombiano Álvaro Uribe Vélez. Esto significa que la justicia colombiana ha considerado que mi acción de tutela cumple con todos los requisitos de ley para ser estudiada y analizada de fondo. Recordemos que este amparo busca proteger mis derechos fundamentales al debido proceso y a la libertad de expresión que considero vulnerados por esta actuación penal que se abrió en mi contra.

En la tutela están consignados los argumentos suficientes para que el juez de tutela salvaguarde estos derechos fundamentales bajo los criterios judiciales de la sana crítica y las pruebas documentales y de vídeo aportadas en la acción judicial correspondiente.

Adicionalmente con esta admisión de tutela se va a revisar el acto de imputación que pensaba llevar a cabo la fiscalía, para determinar si vulneró los derechos constitucionales invocados, situación que podría afectar la validez de ese acto procesal.

Este es el primer hecho jurídico inobjetable y contundente frente a esta actuación penal que considero abusiva de mis derechos fundamentales al debido proceso y a la libertad de expresión, respaldado directamente por un juez de la república. Esta es una decisión judicial, lo demás son declaraciones subjetivas del abogado de la jueza Carmen Elena Ortiz Rassa que utiliza los medios afines al gobierno buscando presionar a la justicia, a la propia fiscal y que no tienen ningún suporte de un juez de la república.

En lógica de igualdad los medios afines al gobierno deberían darle a esta decisión judicial la misma difusión que le dieron a las declaraciones del abogado de la jueza Carmen Elena Ortiz Rassa, lo que por supuesto no sucederá, ya que estos medios son funcionales a los intereses del Uribismo que en esta época electoral ha agudizado su persecución y hostigamiento contra activistas, periodistas y cualquier persona que se oponga a sus intereses, incluso en las redes sociales, violando flagrantemente la libertad de expresión.

Esta persecución va a ser contrarrestada con mayor activismo, con el ejercicio perseverante de la denuncia pública y con mayores y más profundas investigaciones y con los instrumentos jurídicos a nivel nacional e internacional que permitan enfrentar este ejercicio abusivo del poder.

La denuncia pública por redes sociales es un derecho nacional e internacional que debe protegerse ante cualquier intento de censura y hostigamiento por parte del Estado Colombiano.