En 5 días gracias a sus donaciones logramos superar la #Emergencia24 con $1’357.500 pesos. De esta forma estamos de nuevo en movimiento hacia la publicación de las grabaciones de Carlos Castaño. No ha sido para nada fácil poder avanzar durante estos 2 años, 2 meses y 10 días, aun sabiendo que en Colombia no existe una ley integral y unificada que proteja a los denunciantes de corrupción.
Unicamente se ha logrado legislar para proteger a los denunciantes de acoso sexual y laboral.
La Ley 2365 de 2024 y el Decreto 405 de 2025 establecen medidas para proteger a quienes denuncian acoso sexual en el ámbito laboral. Estas normas prohíben y sancionan las represalias, como el despido, que ocurran dentro de los 6 meses siguientes a la interposición de la queja. La protección se extiende también a los testigos que colaboren en el proceso.
Recordemos que tan pronto denuncie la infiltración paramilitar en el Estado en el 2002, aún siendo investigador del CTI, me despidieron en un par de días, para tapar dicho escándalo y la siguiente orden fue asesinarme. No daba para que el corrupto fiscal general Luis Camilo Osorio Isaza se esperara 6 meses para luego si echarme.
Denunciantes de acoso laboral (en general): La Ley 1010 de 2006 y el Decreto 1040 de 2026 buscan prevenir y sancionar el acoso laboral, e incluyen disposiciones para proteger a quienes denuncian estas conductas de posibles represalias.
El Congreso está discutiendo el Proyecto de Ley 476 de 2025 (conocido como “Ley Jorge Pizano”), que busca crear un marco robusto para proteger a los denunciantes de corrupción. Si se aprueba, contemplaría:
Un Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciantes de Actos de Corrupción (SUPRAC). El cual es una iniciativa legal e interinstitucional propuesta en Colombia para garantizar la seguridad personal, laboral y psicológica de quienes denuncian hechos de corrupción y sus familias.
Busca articular los esfuerzos de la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y la Unidad Nacional de Protección (UNP) en un solo ecosistema integrado.
Plantea el desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas de denuncia para asegurar el anonimato o blindar la identidad de las fuentes. Ante lo cual ya existe ‘Session’ como aplicación de mensajería encriptada y es la que uso para garantizar una comunicación segura y la protección de la identidad de las fuentes.
De nada sirve volver a inventar la rueda y que el mismo Estado corrupto narcoparamilitar escuche las conversaciones privadas.
Medidas cautelares laborales: Protegería a los denunciantes de despidos o represalias laborales, incluyendo la posibilidad de traslados o teletrabajo, y anularía despidos que ocurran en los 6 meses posteriores a la denuncia.
Apoyo económico y protección a terceros: Incluiría apoyo económico temporal y extendería la protección a familiares del denunciante.
Un sistema NO autónomo: Este sistema SUPRAC depende del poder ejecutivo y se ha cuestionado su autonomía, sobre todo cuando los expresidentes de derecha han pertenecido al narcotráfico, lo cual no garantiza la protección de las fuentes, sino su rápido asesinato. Así como cuando hice la amplicación de denuncia sobre el envío de las 10 toneladas de cocaína de Álvaro Uribe Vélez y Fernando Sanclemente Alzate entre otras 20 personas al Cártel de Sinaloa, especificamente a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán e Ismael ‘El Mayo’ Zambada.
En esta ampliación de denuncia vinculé a Claudio Javier Silva Otalora, exsocio del narco invisible Julio Lozano Pirateque, quien lavaba billones de dólares desde la empresa FuraGems Inc. El fiscal delegado Daniel Hernández fue quien tomó dicha declaración y 10 días después apareció asesinado Silva Otalora con un fusil de propiedad del Estado. La fiscalía general de la nación le avisó a los sicarios. Eso es administrar justicia para Julio Lozano Pirateque, pero no para todos los colombianos como debería suceder según el artículo 116 y desde el artículo 249 al 253 de la constitución política de Colombia.
Ese vacio que está dejando el Proyecto de Ley 476 de 2025 que debió iniciarse en el 2002 o antes, es exactamente el que yo estoy cubriendo con mis equipos de investigación de Colombia, Canadá, Italia, Suiza e Inglaterra al decidir de forma voluntaria proteger en otro país a los denunciantes de corrupción, narcotráfico, paramilitarismo y delitos contra la humanidad. Una vez las fuentes y sus familias estén seguras, entonces procedo a hacer pública la denuncia en todas mis redes sociales.
Los retos aparte de no existir este tipo de leyes de protección al denunciante, se agravan cuando mis seguidores no pueden donar por falta de recursos. A eso agregarle las fuertes campañas de desinformación en mi contra para sabotear nuestros proyectos de investigación y como si no fuera poco, agregar a los seis influenciadores saboteadores tales como Marcela Portilla, Gonzalo Guillén, Beto Coral, Angélica Monsalve, María del Pilar Aguilar Salazar de Hoy Noticias y Pablo Bohorquez de Palabras Mayores que siempre estuvieron en contra de mi labor de investigar el crimen transnacional. Estas seis personas han afirmado falsamente que soy un estafador, extorsionador, profugo y charlatán. El hecho mismo de que la fiscalía proteja a los máximos responsables y las guerras judiciales o #lawFares en mi contra donde se atrevieron a sugerir que yo estuviera en la cárcel por 7.5 años de prisión y tener que pagar una multa de 10 mil millones de pesos. Eso es exactamente el narcoestado en mi contra. No para lo que genuinamente la fiscalía general de la nación fue creada.
Así que cuando yo les pida donaciones, consideren todos estos obstáculos del sistema corrupto, aparte de las 24 emergencias que ya tuvimos en estos más de 2 años.
A todo lo anterior, como si no fuera poco, agreguenle que el expresidente Gustavo Petro como jefe de Estado no quiso ayudar de forma directa o indirecta en la investigación sobre Dairo Antonio Usuga David alias ‘Otoniel’, a través de la cual facilitamos el rompimiento del record de incautaciones de cocaína en Colombia. Petro tampoco quiso ayudar en esta investigación para poder proteger a las fuentes y sus familias fuera de Colombia y así poder publicar las 163 horas de grabaciones en vídeo y audio de Carlos Castaño, hablando con Álvaro Uribe Vélez, varios expresidentes, Pedro Juan Moreno, María Fernanda Cabal y Paolga Holguin entre otros.
Para mi tener a Petro como presidente, daba igual que tener a Uribe, Duque o de la Espriella, porque no hizo nada para sacar adelante esas dos investigaciones de Otoniel y Carlos Castaño.
Es ridículo que una persona vulnerable como yo, que tuve que exiliarme fuera de Colombia y que mi vida ha estado en bastante peligro durante 23 años, sea el que esté al frente de estas investigaciones y no otra persona civil o del Estado que no haya recibido ningun tipo de ataque desde Colombia.
Pareciera que ni el Estado colombiano ni sus instituciones existieran.
Muchos se preguntarán si la publicación de las grabaciones de Carlos Castaño traeran justicia a Colombia en medio de tanta corrupción de sus instituciones. Ante lo cual debo decirles que el presidente de Islandia tuvo que renunciar después de dos días de haberse publicando los #PanamaPapers. No fue la fiscalía la encargada. Así que no importa que la corrupta fiscal general Luz Adriana Camargo, protectora del narcotráfico de la derecha no investigue. El escándalo por si solo ayudará a hacer justicia.
Con todos esos obstáculos y condiciones, seguiremos avanzando y les informaré la fecha de publicación en la víspera. Será muy pronto.
Si aún no lo han hecho, por favor todos suscríbanse gratis (en la opcion 4) a ésta página www.hackerfiscalia.com y también a www.colombiagate.com para que reciban la notificación apenas estén listas las grabaciones publicadas y así logren descargar una copia en caso de que me cierren las redes sociales.
Muchas gracias, los mantendré informados muy pronto.
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